El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ha reconocido la implicación y el esfuerzo realizados por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para salir en defensa y al auxilio de los ayuntamientos ante la situación de asfixia financiera provocada por la crisis económica frente al olvido del Gobierno de la Nación.
En opinión del primer regidor, esta situación está más que agudizada por la nefasta actuación del Gobierno de la Nación, empeñado en que sean las clases medias, las economías domésticas y las pymes quienes paguen las consecuencias de su pésima gestión.
Martínez Andreo ha destacado el contraste de Valcárcel con la actitud del Gobierno de la Nación, y su presidente, José Luís Rodríguez Zapatero, quien se olvida del establecimiento de un marco de financiación estable que permita a los ayuntamientos afrontar el gasto corriente derivado de los servicios que se presta a los ciudadanos.
Al respecto, ha dicho que el Gobierno regional no entiende de colores políticos al dar respuesta a los verdaderos problemas que tienen los consistorios.
El alcalde totanero ha recordado que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, las más afectadas por las dificultades económicas y las más castigadas porque los usuarios siguen exigiendo los mismos servicios de siempre o más.
El alcalde ha reiterado que la deuda histórica que el Gobierno de España tiene con el Ayuntamiento de Totana, en virtud del incremento poblacional no reconocido y la prestación de servicios que competen al Estado, asciende a 25 millones de euros y ha dicho que las últimas medidas anunciadas por el Gobierno socialista suponen un ataque a los derechos sociales de los pensionistas, las futuras madres, las personas dependientes y los empleados públicos.
Además, ha informado que en el año 2009 el Gobierno de la Nación transfería a Totana cada mes 417.000 euros de los impuestos que cada uno de los totaneros, sin embargo ya en el primer mes de 2010 se ha contabilizado una bajada del 11 por ciento, 347.000 euros, es decir 43.000 euros menos cada mes que el Ayuntamiento deja de recibir de un dinero que le corresponde.
